Las olas migratorias procedentes de Venezuela han ido creciendo a lo largo de la última década, debido a las crisis conjuntas que ha estado atravesando el país. Perú (1,2 millones en destino y 113.000 en tránsito) y Ecuador (522 mil en destino y 90 mil en tránsito) son respectivamente el segundo y el tercer país de destino para la población venezolana, después de Colombia. Muchos de los migrantes que llegan a instalarse en Perú y Ecuador tienen que enfrentarse con desafíos de distintos matices, y la pandemia ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad ya existentes.
El proyecto se desarrolla en el Norte de Perú (Piura, Lambayeque, La Libertad) y en el sur de Ecuador (Guayas y Azuay), que en el último año y medio se han transformado en los principales focos de atracción para las personas afectadas por el desplazamiento (PAPED), aparte las capitales.
Entre los factores de vulnerabilidad de la población migrante y desplazada, se han identificado:
- la falta de medios de subsistencia y de acceso a un trabajo decente
- la falta de acceso a servicios de base (entre los cuales resalta la educación)
- la discriminación en la trayectoria migratoria
- una inadecuada respuesta por parte de las autoridades a las necesidades de protección e integración
El objetivo del proyecto apunta a que los refugiados y otras personas desplazadas sean miembros productivos de la comunidad de acogida y colaboren para promover la resiliencia, el crecimiento socioeconómico y el desarrollo común.
Para alcanzarlo, la intervención se plantea:
- Facilitar la creación de mayores oportunidades laborales para las familias migrantes, buscando certificar las competencias y ampliando oportunidades de capacitación educacional. Gracias a la mayor empleabilidad de los padres, las niñas, los niños y los jóvenes no se verán obligados a contribuir al sustentamiento de la familia, lo que les permitirá concentrarse en sus estudios, acabando así con los patrones cíclicos del trabajo informal.
- Garantizar la accesibilidad a los servicios básicos, inclusive al sistema educativo. Las principales causas de abandono escolar son: la falta de recursos económicos de las familias (que a su vez genera mendicidad, involucra los menores en la informalidad de los trabajos ambulantes y los convierte en blancos fáciles para la explotación sexual); la falta de conocimiento sobre los procedimientos de acceso a los servicios básicos; la falta de documentación necesaria; el temor de ser rechazados/as y denunciados/as por ilegales a las autoridades y la dificultad de integración en las estructuras sociales del País acogedor.
- Formar autoridades, funcionarios, prestadores de servicios y docentes, a fin de facilitar la inclusión de los afectados por el desplazamiento al sistema educativo y a otros servicios básicos.
- Promover la convicción de que los desplazados son miembros productivos de la sociedad, luchando en contra de la xenofobia y la discriminación hacia la población venezolana que existe en diferentes espacios de interacción con las comunidades de acogida, incluso las escuelas.
- Promover respuestas integradas, con la construcción de rutas de protección y seguimiento de casos individuales, que aseguren la debida asistencia por parte de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta que las personas LGTBIQ+ y mujeres migrantes son las más afectadas por las formas de explotación (incluso el tráfico y la trata) y abuso sexual de las redes criminales.
La implementación del proyecto será integrada a través de la metodología CPA (Community Protection Approach - enfoque de protecci), que construye mecanismos comunitarios de protección, de manera horizontal y a partir de las necesidades específicas de los grupos meta.